Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto tiene por objeto establecer el procedimiento a través del cual se determinará el término municipal en el que se ubicará la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal, definido en el artículo 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

1. Asimismo, mediante este real decreto se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, como el órgano colegiado de la Administración General del Estado de asistencia al Consejo de Ministros en este procedimiento.

Artículo 2. Principios y criterios aplicables para la determinación de las sedes.

La determinación de la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal se realizará atendiendo a los principios recogidos en el artículo 103.1 de la Constitución española y a los fijados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como a los de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad.

Estos principios podrán ser completados con otros criterios específicos propuestos por la Comisión consultiva para la determinación de las sedes en desarrollo de la función atribuida a la citada Comisión en el artículo 3.2.b).

Artículo 3. Creación de la Comisión consultiva para la determinación de las sedes y establecimiento de sus funciones.

1. Se crea la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, en adelante la Comisión, como un órgano colegiado de la Administración General del Estado de los previstos en el artículo 22.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, adscrito al Ministerio de Política Territorial, para asistir al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes físicas en las que deben ubicarse las entidades a las que se refiere el artículo 1.1.

1. Corresponderá a la Comisión el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Formular recomendaciones al Consejo de Ministros en relación con la determinación de la sede física de las entidades de ámbito estatal.

b) Elaborar el informe que contenga la relación de criterios que se tendrán en cuenta para determinar la sede física de una entidad del sector público institucional estatal.

c) Realizar un dictamen en el que se analicen las propuestas presentadas en relación con la ubicación de sedes de las entidades del sector público institucional estatal.

d) Elaborar el informe al que se refiere la disposición adicional segunda.

e) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 4. Composición de la Comisión.

1. La persona titular del Ministerio de Política Territorial ejercerá la Presidencia de la Comisión. En caso de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa justificada, ejercerá la Presidencia la persona titular de la Vicepresidencia.

1. Ejercerá la Vicepresidencia de la Comisión la persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa justificada, ejercerá la Vicepresidencia la persona titular de la Secretaría General de Coordinación Territorial.

1. Serán vocales permanentes de la Comisión:

a) La persona titular de la Secretaría General de Coordinación Territorial.

b) Una persona en representación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con rango de titular de dirección general o superior, designada por la persona titular del Ministerio.

c) Una persona en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social con rango de titular de dirección general o superior, designada por la persona titular del Ministerio.

d) Una persona en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con rango de titular de dirección general o superior, designada por la persona titular del Ministerio.

e) Una persona en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con rango de titular de dirección general o superior, designada por la persona titular del Ministerio.

f) Dos personas en representación del Ministerio de Hacienda y Función Pública con rango de titular de dirección general o superior, designadas por la persona titular del Ministerio. Al menos una de estas personas deberá haber sido designada en representación de la Secretaría de Estado de Función Pública.

g) Una persona en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con rango de titular de dirección general o superior, designada por la persona titular del Ministerio.

h) Una persona en representación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática con rango de titular de dirección general o superior, designada por la persona titular del Ministerio.

i) Una persona en representación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con rango de titular de dirección general o superior, designada por la persona titular del Ministerio.

1. Serán vocales no permanentes de la Comisión las personas que asistan en representación de los Ministerios a los que se encuentren adscritas o se vayan a adscribir las entidades del sector público institucional estatal cuya sede física haya sido objeto de convocatoria. A estos efectos, la persona titular del Ministerio correspondiente designará una persona con rango de titular de dirección general o superior.

Las personas que ocupen las vocalías no permanentes ostentarán, en relación con los asuntos en los que estén llamados a participar, los mismos derechos y obligaciones que las personas que ocupen las vocalías permanentes.

Artículo 5. Funcionamiento de la Comisión.

1. La Comisión se reunirá al menos una vez al año, así como siempre que sea necesario determinar la sede física de las entidades previstas en el artículo 1.1.

1. Corresponde a la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de la mayoría de sus miembros, convocar a la Comisión. Asimismo, dirigirá las deliberaciones y someterá a aprobación los asuntos incluidos en el orden del día, así como las actas de sus reuniones.

1. Las reuniones podrán celebrarse de manera presencial o a distancia, adoptándose las decisiones por mayoría simple de sus miembros.

1. La Comisión podrá crear grupos de trabajo, por decisión de la persona que ejerce la Presidencia, y bajo la coordinación de uno de sus miembros permanentes.

1. En lo no previsto por este real decreto, la Comisión ajustará su funcionamiento a las normas generales de actuación de los órganos colegiados dispuestas en el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 6. Procedimiento para la determinación de la sede física de las entidades del sector público institucional estatal.

1. Una vez que se cree cualquiera de las entidades previstas en el artículo 1.1, el Consejo de Ministros acordará el inicio del procedimiento para la determinación de su sede física. Este Acuerdo será comunicado a la Comisión.

Asimismo, el Consejo de Ministros podrá acordar de manera motivada el inicio del procedimiento con carácter previo a la creación de la entidad. En este caso, el Acuerdo de inicio del procedimiento deberá ir acompañado de una memoria que indique la naturaleza y funciones de la entidad en cuestión, el número aproximado de personas que prestarán sus servicios en la misma y otros elementos que se consideren especialmente relevantes a los efectos de la determinación de su sede física. Esta memoria será elaborada por el Ministerio de adscripción con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial.

Actuará como órgano instructor del procedimiento la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

1. La Comisión, en el plazo de un mes desde la recepción del Acuerdo indicado en el apartado anterior, elaborará el informe previsto en el artículo 3.2.b) que contendrá la relación de criterios que se tendrán en cuenta para determinar la ubicación física de la entidad. Dichos criterios deberán ajustarse a los principios enunciados en el artículo 2, así como a las necesidades específicas que resulten de aplicación a la entidad afectada. Este informe será comunicado al Consejo de Ministros y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», junto con el Acuerdo de inicio del procedimiento previsto en el apartado anterior.

1. En el plazo de un mes a contar desde la publicación del Acuerdo de inicio del procedimiento, las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.

1. Las candidaturas deberán presentarse a través de medios electrónicos en los términos previstos en el Acuerdo de inicio del procedimiento y deberán acompañarse de una memoria justificativa y un informe que se refiera al nivel de cumplimiento de los criterios establecidos en el informe previsto en el apartado 2.

1. Adicionalmente, será posible que las entidades que presentan candidaturas ofrezcan, entre otros, los siguientes compromisos:

a) Cesión de bienes inmuebles, que implicará la cesión al Estado del bien a todos los efectos, debiendo el Estado restituir el mismo en el caso de que este dejara de quedar afecto a la prestación del servicio que motivó la cesión. Los procedimientos para la aceptación, y reversión en su caso, de los inmuebles cedidos deberán ajustarse a la regulación establecida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

b) Asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede.

Artículo 7. Cumplimiento de los compromisos adquiridos.

1. Una vez determinada una sede, el órgano instructor del procedimiento comunicará a la Comisión los compromisos que, en su caso, hubieran sido adquiridos por la entidad cuya candidatura hubiera resultado seleccionada.

1. El Ministerio de adscripción de la entidad afectada y el Ministerio de Política Territorial suscribirán un convenio, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, con las entidades que hubieran postulado un municipio que finalmente hubiera sido elegido para albergar una entidad pública con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. El convenio será comunicado a la Comisión.

1. El incumplimiento, en su caso, de los compromisos adquiridos será comunicado por el Ministerio afectado a la Comisión, que podrá proponer al Consejo de Ministros la reapertura del procedimiento regulado en el artículo 6. A estos efectos, se reabrirá el plazo para presentar candidaturas. Las entidades que hubieran presentado una candidatura podrán mantener la misma en los términos originales o introducir modificaciones.

1. En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el Ministerio afectado podrá requerir, en los términos previstos en el convenio, a la entidad cuya candidatura hubiera resultado seleccionada, la asunción de los costes de establecimiento o desplazamiento que se hubieran producido hasta el momento del incumplimiento.

Artículo 8. Desplazamiento de empleados públicos.

El eventual traslado de empleados públicos derivado de la fijación de sedes físicas de entidades pertenecientes al sector público institucional estatal no supondrá un perjuicio en su carrera profesional y se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable sobre la materia para cada entidad.

Disposición adicional primera. No incremento del gasto público.

La creación de la Comisión consultiva para la determinación de las sedes no supondrá incremento de gasto público, y se atenderá con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a los departamentos y órganos que la componen.

Disposición adicional segunda. Informe anual.

La Comisión elaborará un informe anual sobre la aportación que las sedes de las instituciones pertenecientes al sector público institucional estatal realizan a la vertebración territorial y a la lucha contra la despoblación de las zonas más afectadas por el reto demográfico.

Este informe será elevado al Consejo de Ministros y a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.

Disposición adicional tercera. Constitución de la Comisión.

La Comisión se reunirá en sesión constitutiva en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición transitoria única. Entidades cuya creación hubiese sido ya autorizada o prevista con anterioridad.

El procedimiento regulado en el artículo 6 podrá no resultar de aplicación para la determinación de las sedes físicas de aquellas entidades cuya creación hubiese sido autorizada o prevista por una norma de rango legal anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 22 de marzo de 2022.

FELIPE R.

La Ministra de Política Territorial,

ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA