Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de los gastos de personal y se atenderán con los recursos disponibles en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Disposición transitoria única. Contenido de la publicación correspondiente al primer trimestre de 2019, de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales.

La publicación prevista en el artículo 13.4 del Reglamento que haya de efectuarse durante el primer trimestre de 2019, corresponderá a las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales cumplimentadas por los miembros del Gobierno y demás altos cargos que no hayan sido publicadas con anterioridad.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la Ministra de Política Territorial y Función Pública para desarrollar, en el ámbito de sus competencias, lo previsto en este real decreto y, en particular, para proceder mediante orden a la determinación de la fecha en que los interesados a los que es de aplicación este Reglamento tengan la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflicto de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, y en este Reglamento, de acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto y el Reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2018.

FELIPE R.

La Ministra de Política Territorial y Función Pública,

MERITXELL BATET LAMAÑA

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este Reglamento, en desarrollo de los títulos preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, tiene por objeto regular los instrumentos y procedimientos para cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley.

1. Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a quienes tengan la consideración de altos cargos, conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

1. En los organismos y entidades del sector público estatal administrativo, fundacional y empresarial vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, se considerarán asimilados a los Presidentes, a los Vicepresidentes, a los Directores Generales y a los Directores ejecutivos previstos en la letra d) del artículo 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, quienes tengan la condición de máximo responsable por ser el Consejero delegado del Consejo de Administración o asumir con funciones ejecutivas la dirección de los órganos superiores de gobierno o administración de los organismos y entidades mencionadas y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno. En las sociedades mercantiles estatales en las que la administración no se confíe a un Consejo de Administración será el administrador.

En todo caso, se considerarán asimilados quienes de acuerdo con sus normas reguladoras tengan expresamente atribuido el rango de Director General o superior.

1. Se considerarán equivalentes a los Directores, Directores ejecutivos o Secretarios Generales de los organismos reguladores y de supervisión previstos en la letra f) del artículo 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, quienes, vinculados al organismo o entidad por una relación no funcionarial, tengan la condición de directivo, bien porque se la atribuya su legislación reguladora, o bien porque formen parte de los órganos superiores de gobierno o administración del organismo o entidad aun cuando no tengan derecho a voto.

1. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas la información pertinente al objeto de identificar los titulares de los puestos a los que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo.

1. El Presidente y los Consejeros permanentes del Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, podrán presentar en los registros de altos cargos de la Oficina de Conflictos de Intereses las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales que estén obligados a formular.

Artículo 2. Obligaciones de los organismos y entidades del sector público de actualización de la información remitida a la Oficina de Conflictos de Intereses.

1. En el plazo de siete días desde que se produzca el nombramiento o cese de un alto cargo comunicarán e informarán de su nombramiento o cese, de acuerdo con los modelos aprobados a tal efecto, a la Oficina de Conflictos de Intereses:

a) Los responsables del Departamento de Recursos Humanos de los organismos y entidades del sector público estatal.

b) Los Secretarios de los órganos de administración o de gobierno de las entidades públicas o privadas con representación del sector público estatal.

1. Los sujetos mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior serán responsables de la actualización de los datos y su envío electrónico en el plazo establecido.

Artículo 3. Presentación de documentos.

Todas las declaraciones y el resto de comunicaciones y documentos a que se refiere este Reglamento se realizarán de forma electrónica siguiendo los modelos aprobados al efecto por Orden de la Ministra de Política Territorial y Función Pública.

Artículo 4. Nombramiento de altos cargos.

1. Corresponde recopilar a las Secretarías Generales Técnicas respecto de su Departamento ministerial, así como de cada organismo y entidad del sector público estatal, fundacional y empresarial, a través del órgano competente de cada uno de ellos, de acuerdo con su respectiva adscripción o relación departamental, la siguiente documentación:

a) Modelo de declaración responsable, a que se refiere el artículo 2.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, suscrita por el candidato propuesto a alto cargo.

b) Modelo de currículum vítae aprobado al efecto, suscrito por el candidato propuesto a alto cargo.

1. Ambos documentos serán examinados por el órgano competente para la propuesta de nombramiento con carácter previo a éste. En el plazo de los siete días siguientes a su nombramiento, el alto cargo deberá remitir a la Oficina de Conflictos de Intereses los documentos previstos en el apartado anterior junto con su certificado de antecedentes penales.

Artículo 5. Declaración para la abstención del alto cargo.

La abstención del alto cargo a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, se realizará de conformidad con los modelos aprobados al efecto.

Si la abstención se produjera durante la reunión de un órgano colegiado, dicha abstención constará en acta y será comunicada por el secretario del órgano colegiado en el plazo de un mes al Registro de Actividades, de conformidad con los modelos aprobados al efecto.

Artículo 6. Dependencia y gestión de los Registros.

1. El Registro de Actividades de altos cargos y el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, ambos dependientes de la Oficina de Conflictos de Intereses, gestionarán la inscripción, depósito, custodia de las declaraciones y comunicaciones previstas en este Reglamento, así como la cancelación de las inscripciones practicadas, con las adecuadas garantías de seguridad, inalterabilidad y archivo de los datos y documentos almacenados.

1. El tratamiento y, en su caso, comunicación de los datos contenidos en las declaraciones o comunicaciones previstas en este Reglamento se someterá a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 7. Información sobre las obligaciones de declarar.

Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses tenga conocimiento de la toma de posesión o de cese de un alto cargo, como consecuencia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», por las comunicaciones a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento o por otro medio, se dirigirá al interesado informándole sobre las obligaciones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, en relación con el ejercicio de otras actividades públicas o privadas, y, en especial, sobre las obligaciones de formular las declaraciones a que se refiere la Ley y le facilitará toda la documentación e información necesaria para el cumplimiento de las mismas.

Artículo 8. Subsanación de las declaraciones y causas de incompatibilidad.

1. Si se aprecian deficiencias formales en la declaración o falta de la documentación exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de un mes las subsane.

1. Se consideran deficiencias formales las siguientes:

a) Omisión de cualquiera de los datos identificativos del declarante.

b) Confusión, error o imprecisión en las declaraciones.

c) La existencia en las declaraciones de palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, que no estuvieran salvadas por el declarante con su firma y ofrecieran dudas al personal de la Oficina de Conflicto de Intereses.

d) Otros errores materiales.

1. Si la Oficina de Conflictos de Intereses apreciase que el alto cargo está incurso en alguna de las causas de incompatibilidad a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, informará de esta circunstancia al declarante. Si en el plazo de quince días desde que se le informó, no contestase, o si de su contestación se siguiera apreciando causa de posible infracción o de incompatibilidad, se le requerirá otorgándose un segundo plazo de quince días para aportar los datos necesarios, informándole que de no realizarse dicha aportación, se continuará con los trámites correspondientes del procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Las declaraciones que se reciban en los Registros serán comparadas con las inscritas con anterioridad.

De apreciarse la existencia de divergencias entre las mismas, se le comunicará al interesado para que lo aclare en el plazo de un mes.

Si esta aclaración no se produjera o no se estimara suficiente, se iniciarán por la Oficina de Conflictos de Intereses las actuaciones y trámites previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el ejercicio de la potestad sancionadora, por constituir infracción tipificada en el artículo 29.2.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 9. Permanencia de las declaraciones en los Registros.

Transcurrido el plazo de seis años desde el momento del cese del alto cargo, se procederá a la destrucción de los datos de carácter personal contenidos en las declaraciones, en los términos previstos en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, que regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original y de acuerdo con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Este plazo no se aplicará a aquellos documentos respecto de los que subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas, conforme al artículo 3 del citado Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.

Artículo 10. Objeto y publicidad del Registro de Actividades de altos cargos.

1. El Registro de Actividades de altos cargos tiene por objeto la gestión, el depósito y custodia de las declaraciones a que se refieren los artículos 2, 7, 15 y 16 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

1. El Registro de Actividades de altos cargos tiene carácter público, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en las correspondientes normas de desarrollo de las leyes citadas.

1. Las personas que deseen conocer las declaraciones depositadas en el Registro de Actividades de altos cargos podrán presentar electrónicamente una solicitud de la certificación de su contenido indicando el cargo de cuyo titular se desea conocer las declaraciones de actividades. Si en la solicitud no se expresa otra cosa, se entenderá que la solicitud se refiere a la persona que ocupa el cargo en el momento de efectuarse la solicitud.

No serán admisibles las solicitudes genéricas, ni aquellas en las que no aparezca claramente identificada la persona solicitante de la información o la titular del alto cargo del que se solicita la certificación. La Oficina de Conflicto de Intereses solicitará la subsanación de estas solicitudes, en los términos y con los efectos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Artículo 11. Contenido de la declaración de actividades.

1. Los altos cargos presentarán la declaración de actividades previstas en el artículo 16 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de conformidad con el modelo aprobado al efecto, en el plazo improrrogable de tres meses desde la fecha de toma de posesión del cargo y del cese, respectivamente, así como cada vez que el alto cargo inicie una nueva actividad económica durante el periodo de dos años desde su cese.

1. En dicha declaración se manifestará si se recibe cualquier otra remuneración o percepción con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas u organismos o entidades vinculadas o dependientes de las mismas, así como cualquier otra remuneración o percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada.

Artículo 12. Procedimiento para presentar las declaraciones de actividades privadas al cese.

1. Las personas que hayan cesado en el ejercicio de las funciones de altos cargos y durante los dos años siguientes, dirigirán al Registro de Actividades de altos cargos una comunicación de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) El interesado deberá remitir la comunicación al Registro de Actividades de altos cargos con carácter previo a la iniciación de la actividad que vaya a realizar, pronunciándose, al menos, sobre los siguientes extremos:

1.º Actividad privada que vayan a desempeñar, especificando si se va a realizar la actividad privada por cuenta propia o ajena. En este último supuesto, se indicarán los datos que identifiquen a la empresa o entidad para la que vaya a trabajar, indicando además el objeto social de ésta.

2.º Declaración expresa de que dicha actividad privada no está relacionada directamente con las competencias del cargo desempeñado; a estos efectos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

Esta comunicación irá acompañada de la documentación justificativa que la persona interesada estime oportuna.

b) Una vez recibida la comunicación de la persona interesada, la Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar, del Departamento ministerial u organismo o entidad en el que la persona declarante haya desempeñado su último puesto de alto cargo, la información necesaria para dictar la resolución.

1. Si la Oficina de Conflictos de Intereses estimara la concurrencia de la prohibición establecida en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, se lo comunicará, en el plazo de un mes desde la presentación de la declaración, a la persona interesada y a la entidad en la que fuera a prestar sus servicios, quienes dispondrán de un plazo de quince días para formular alegaciones.

Si la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses fuera desfavorable y la persona interesada iniciara la actividad privada, la Oficina de Conflictos de Intereses propondrá al órgano competente la iniciación del procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 13. Objeto y carácter reservado del Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos.

1. El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos tiene carácter reservado y por objeto la gestión, el depósito y custodia de las declaraciones de participaciones y de bienes y de las copias de los contratos y de las declaraciones tributarias que haya tenido obligación de presentar el alto cargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 17 y 18, respectivamente, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

1. Los altos cargos están obligados a formular las declaraciones patrimoniales comprensivas de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones.

1. Sólo pueden tener acceso a las declaraciones obrantes en este Registro los siguientes órganos:

a) El Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos de las Cámaras, así como las Comisiones Parlamentarias de Investigación que se constituyan.

b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obran en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales.

c) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el Registro.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 21 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, durante el primer trimestre de cada año natural, se procederá a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los altos cargos cuya toma de posesión o cese se haya producido en el año anterior.

Artículo 14. Contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales.

1. Los altos cargos presentarán las declaraciones previstas en el artículo 17 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de conformidad con el modelo aprobado al efecto, en el plazo improrrogable de los tres meses siguientes a la fecha de toma de su posesión y cese.

1. Los altos cargos presentarán copia de la declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el plazo de tres meses desde la conclusión de los plazos legalmente establecidos para la presentación de dicho documento ante la Administración tributaria, salvo que ya obren en la Oficina de Conflictos de Intereses.

No será exigible el cumplimiento de esta obligación anual cuando no hubieran transcurrido tres meses desde la toma de posesión del alto cargo y éste hubiera remitido la documentación exigida.

Artículo 15. Tenencia y transmisión de participaciones societarias.

1. Cuando el alto cargo poseyera participaciones societarias en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, presentará la correspondiente declaración indicándose los siguientes datos:

a) Nombre, objeto social y denominación de la empresa en la que se participa.

b) Porcentaje de participación del alto cargo en las empresas.

c) Indicación de los conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, que la empresa haya suscrito con el sector público estatal, autonómico o local que se hallen en ejecución en el momento de la declaración.

d) Indicación de las subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública que haya recibido la empresa.

e) Fecha de la transmisión de la participación y naturaleza de la misma.

1. Una vez que se haya realizado la transmisión de dichas participaciones societarias, el alto cargo dispondrá de un mes para comunicarlo a la Oficina de Conflictos de Intereses.