Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha.

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de la presente ley:

a) El impulso y garantía de la integridad en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como en los organismos y entidades de su sector público.

b) La configuración de los registros de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos públicos y asimilados, del sector público autonómico.

c) La regulación de los procedimientos relacionados con el impulso y garantía de la integridad pública, incluido el régimen de infracciones y sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley se aplica:

a) A la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a los organismos autónomos y entidades públicas dependientes de aquella.

b) A las empresas, fundaciones, asociaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades citadas en el apartado anterior participen, de forma directa o indirecta, mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en la constitución de sus recursos propios, financien mayoritariamente sus actividades, o tengan capacidad de nombramiento de más de la mitad de las personas integrantes de los órganos de dirección, administración o control.

c) A los consorcios adscritos al sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos previstos en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

1. A efectos de la presente ley, tienen la consideración de personas que ostentan cargos públicos o asimilados, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como en los organismos y entidades de su sector público, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la misma:

a) Las personas integrantes del Consejo de Gobierno.

b) Las personas titulares de órganos directivos, de asistencia y de apoyo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y asimilados, en los términos previstos en los artículos 26, 30 y 31 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

c) Las personas titulares de las presidencias, de las direcciones, direcciones generales, direcciones ejecutivas, secretarías generales, gerencias y equivalentes de las entidades del sector público regional.

d) Las personas titulares de cualquier otro puesto en entidades del sector público regional, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Gobierno o mantengan una relación laboral especial sujeta al régimen aplicable al personal de alta dirección o una relación análoga de naturaleza administrativa, civil o mercantil, así como el personal directivo profesional a que se refiere el artículo 13 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Régimen de incompatibilidades.

Los cargos públicos o asimilados ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y con sujeción al régimen de incompatibilidades en los términos previstos en los artículos 19 y 34 de la Ley 11/2003.

Artículo 4. Conflictos de intereses.

1. En el desempeño de sus funciones, los cargos públicos o asimilados, servirán con objetividad los intereses generales y las ejercerán evitando que sus intereses privados o personales puedan influir en el cumplimiento de aquellas.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por conflicto de intereses la situación que se produce cuando las personas que ostenten los cargos públicos o asimilados definidas en el artículo 2.2, intervengan o adopten decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen o colisionan intereses de su puesto público o en el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades, con intereses privados o personales, ya sean profesionales o económicos, y conlleven un beneficio o un perjuicio a los mismos.

Se consideran intereses privados o personales:

a) Los intereses propios.

b) Los intereses familiares, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

c) Los de las personas con quienes tenga una cuestión litigiosa pendiente.

d) Los de las personas con quienes tenga amistad íntima o enemistad manifiesta.

e) Los de las personas jurídicas o entidades privadas a las que las personas que ostentan cargos públicos o asimilados, hayan estado vinculadas por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento.

f) Los de las personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, gerencia, asesoramiento o administración.

g) Aquellos otros que pueden colisionar con las funciones públicas encomendadas.

Artículo 5. Declaración de actividades, bienes y rentas.

1. Los cargos públicos o asimilados deben presentar una declaración de actividades, bienes y rentas en los términos previstos en los artículos 20 y 34 de la Ley 11/2003.

1. Podrán publicarse gratuitamente en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», y en el Portal de Transparencia, las declaraciones de actividades, bienes y rentas de quienes voluntariamente las remitan y se encuentren comprendidos en alguno de los apartados siguientes:

a) Los cónyuges de las personas enumeradas en el artículo 2.2 de esta ley o quienes estuvieren vinculados a ellas por análoga relación de convivencia afectiva, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este artículo.

b) Los descendientes de los cargos públicos o asimilados, por sí o, en su caso, debidamente representados, siempre que formen parte de la unidad familiar.

1. En todo caso, los cónyuges de los cargos públicos o asimilados o quienes estuvieran a ellos vinculados por análoga relación de convivencia afectiva vendrán obligados a formular declaración, referida a los cinco años anteriores, sobre:

a) Su participación en el capital de todo tipo de empresas y sociedades.

b) Las empresas o sociedades que dirijan o hayan dirigido, administrado o asesorado.

c) Las actividades desarrolladas en representación de la Administración regional, en órganos colegiados o de dirección de organismos o empresas de capital público.

Artículo 6. Oficina de integridad: asignación de funciones.

1. La Oficina de integridad es el órgano adscrito a la consejería competente en materia de integridad y buen gobierno, e incardinado en su estructura, a quien le corresponderá el diseño, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de integridad definidas por el Consejo de Gobierno en el ámbito establecido en el artículo 2.1 de la presente ley.

1. Se adscribe a la Oficina de integridad, la Comisión de Ética Pública creada en el Decreto 7/2018, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Código Ético para los Altos Cargos o asimilados de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como órgano consultivo, sin personalidad jurídica.

1. Son funciones de la Oficina de integridad las siguientes:

a) Estudiar, promover e impulsar cuantas medidas favorezcan la integridad pública, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos públicos.

b) Asesorar, elaborar informes y formular propuestas y recomendaciones en las materias de su competencia.

c) Recibir las declaraciones de actividades, bienes y rentas a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, comprobar la exactitud de las mismas, proceder en su caso a realizar las comprobaciones pertinentes e instar su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

d) Gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de las personas que ostentan cargos públicos o asimilados, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en los organismos y entidades de su sector público.

e) Colaborar con los órganos competentes en la formación del personal, en materia de integridad y ética públicas, mediante la elaboración de guías formativas y de asesoramiento especializado en dichos ámbitos, así como la suscripción de protocolos de fomento de la integridad.

f) Impulsar estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas con la contratación administrativa, la prestación de servicios públicos, las ayudas o las subvenciones públicas y los procedimientos de toma de decisiones, en colaboración con los órganos gestores y de control con competencias en dichos ámbitos.

g) Colaborar con los órganos de control interno y externo y con otros órganos e instituciones de la Administración regional en la investigación de conductas opuestas a la integridad pública, que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio propio de informaciones derivadas de sus funciones públicas.

h) Proponer relaciones de colaboración y de elaboración de otros instrumentos de actuación con instituciones u organismos que realicen funciones similares en el ámbito de ética e integridad públicas.

i) Gestionar la tramitación de los procedimientos de inscripción, modificación, suspensión y cancelación del registro de grupos de interés de Castilla-La Mancha.

j) Recibir, custodiar y dar la debida publicidad a las declaraciones de adhesión al Código Ético, a los currículos de las personas a que se refiere el artículo 2.2 de esta ley, así como a las declaraciones responsables de no estar incursos en causa de incompatibilidad, previstas en el artículo 16 de esta ley.

Artículo 7. Protección y cesión de datos e información.

1. El tratamiento y la cesión de los datos que se obtengan como resultado de las actuaciones que lleve a cabo la Oficina de integridad, especialmente los de carácter personal, están sometidos a las disposiciones vigentes sobre protección de datos.

1. No se podrán ceder los datos obtenidos, excepto a órganos o entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan o deban conocerlos por razón de sus funciones.

1. La Oficina de integridad y los restantes órganos e instituciones con competencias relacionadas con la integridad y la ética públicas, o con funciones de control de los cargos públicos y entidades sujetos a esta ley, establecerán acuerdos o protocolos de colaboración para la comunicación de información en el ámbito de sus respectivas competencias, en los términos previstos en la normativa vigente.

1. En los supuestos en que proceda, la información recabada será remitida al órgano o autoridad competente para iniciar los procedimientos disciplinarios, sancionadores o penales a que pudieran dar lugar.

Artículo 8. Actividad de comprobación y verificación.

1. La Oficina de integridad, en cumplimiento de las competencias y funciones que se le atribuyen en los diversos ámbitos regulados en la presente ley, podrá realizar las actividades de comprobación y verificación pertinentes. A tal efecto podrá acudir ante los correspondientes organismos públicos que deberán colaborar con aquella para el buen fin de las actuaciones.

1. Constatada la existencia de alguna irregularidad, se podrá abrir procedimiento de comprobación y verificación, concretando el objeto del mismo, que será notificado al interesado, concediéndole un plazo de quince días para que formule las alegaciones y presente las justificaciones que convengan a sus intereses.

Asimismo, se podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la práctica de aquellas actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, notificándoselas, en su caso, a las personas investigadas.

1. Del resultado de las actuaciones, se emitirá un informe que se remitirá tanto a la persona o personas afectadas, como a la superior jerárquica u órgano que las hubiese designado, para que adopten las medidas que, en cada caso, procedan.

1. Si los hechos que se derivan de las actuaciones de comprobación pudieran revestir la naturaleza de infracción penal, con independencia de las comunicaciones previstas en el número anterior, deberán ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial procedente.

Si finalmente los hechos no revistieran la naturaleza de infracción penal, el procedimiento podrá ser retomado, en la fase en que se encontrara, por si pudieran ser constitutivos de infracción de naturaleza administrativa.

1. No se podrán comprobar o verificar por la Oficina de integridad, hechos que estén sujetos a investigación de las autoridades a que se refiere el apartado anterior y, en caso de estar haciéndolo, deberá cesar en su actuación tan pronto sea requerida por las mismas, o tenga conocimiento, por cualquier medio, de la iniciación de cualquier procedimiento para determinar la relevancia penal de los hechos de que se trate. En tal caso, aportará de oficio toda la información de la que disponga y, si fuese requerida para ello, prestará la asistencia y colaboración precisas.

Artículo 9. Control de la situación patrimonial de los cargos públicos o asimilados.

1. La situación patrimonial de los cargos públicos o asimilados, será examinada por la Oficina de integridad, elaborando un informe, en el plazo de los sesenta días siguientes a la presentación de cada una de las declaraciones de actividades, bienes y rentas, en que se examinarán los siguientes extremos:

a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley.

b) La existencia de indicios de enriquecimiento injustificado, teniendo en consideración los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de su situación patrimonial.

Transcurridos los sesenta días sin que haya existido requerimiento alguno por parte de la Oficina de integridad se entenderá que por parte del cargo público se han cumplido todas las obligaciones y no existen indicios de enriquecimiento injustificado.

No se elaborará el referido informe en el supuesto de la primera declaración que efectúe una persona al ser nombrado cargo público o asimilado.

1. En el caso de que se adviertan indicios de enriquecimiento injustificado, o de otros incumplimientos de las obligaciones reguladas en esta ley, se elaborará un informe, a cuyo efecto se podrá requerir a las personas examinadas toda la documentación que considere necesaria, a la vista de la cual, se emitirá un nuevo informe.

1. Una vez elaborado el informe, en fase de propuesta, será remitido a la persona interesada para que pueda formular las alegaciones que estime oportunas, en el plazo de quince días.

1. Transcurrido dicho plazo, considerando las alegaciones que se hubieran formulado, se elevará el informe a definitivo, procediéndose a su notificación a las personas interesadas, dándose traslado del mismo al Consejo de Gobierno y, en su caso, a los órganos competentes para que realicen las actuaciones o adopten las medidas que procedan.

Artículo 10. Memoria de actuaciones.

1. Anualmente, la Oficina de integridad elaborará y elevará para su toma en consideración por el Consejo de Gobierno, la memoria de las actuaciones desarrolladas en el periodo correspondiente, para su posterior traslado a las Cortes de Castilla-La Mancha.

1. La memoria anual debe contener información de sus actuaciones, en los términos que reglamentariamente se determinen.

1. La Oficina de integridad, de oficio o a instancia del Consejo de Gobierno, podrá realizar actuaciones específicas o elaborar informes o memorias sectoriales en su ámbito de actuación, que tendrán su reflejo en la memoria anual correspondiente.

Artículo 11. Protocolos de fomento de la integridad.

Las consejerías de la Administración regional y las personas titulares de los órganos de dirección de los organismos y entidades del sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Oficina de integridad, elaborarán protocolos para el fomento de la integridad, que tengan el siguiente objeto:

a) El establecimiento de una cultura de dedicación al servicio público, a través de medidas concretas para incrementar la transparencia y la participación ciudadana en aquellos asuntos que sean de su competencia, con posible previsión de mecanismos de monitoreo independiente para medir su control y eficacia.

b) Identificar los supuestos más frecuentes en los que puedan darse situaciones de abstención, recusación o incompatibilidad, estableciendo en estos casos principios y conductas claros de actuación que tiendan a evitarlos.

c) Llevar a cabo, en coordinación con la Escuela de Administración Regional y la Universidad de Castilla-La Mancha, programas de formación en materia de ética e integridad pública.

d) Promover, en las instancias que correspondan, los programas de difusión, formación o talleres específicos que tengan como finalidad la mejora institucional en materia de integridad que, en caso de afectar a las competencias de la Comisión de Ética Pública, se articularán a través de este órgano.

Artículo 12. Recomendaciones y consultas.

1. La Oficina de integridad podrá emitir recomendaciones o criterios orientativos sobre aquellos asuntos o materias que puedan afectar a los deberes de abstención o incompatibilidad de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, tanto durante su mandato, como con posterioridad al mismo, durante el periodo previsto en el artículo 19.5 de la Ley 11/2003.

1. Asimismo, las personas a que se refiere el apartado anterior podrán, en cualquier momento, realizar consultas a dicho órgano sobre la procedencia o no de formular abstención o inhibición en casos concretos, que en ningún caso afectará al procedimiento en que se originen.

Artículo 13. Detección temprana de conflicto de intereses y abstención e inhibición de funciones de quienes incurran en los mismos.

1. Los cargos públicos o asimilados deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflicto de intereses y, si consideran que lo están, deben de inhibirse en la totalidad del asunto correspondiente.

1. La Oficina de integridad, de acuerdo con la información suministrada por dichas personas en su declaración de actividades, bienes y rentas y la que pueda serles requerida, les informará, en su caso, de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, deberán abstenerse durante el ejercicio de su cargo. A tal efecto, aquellas podrán formular en cualquier momento cuantas consultas estimen necesarias sobre la procedencia de abstenerse en asuntos concretos.

1. La persona con cargo público deberá abstenerse del conocimiento de aquellos asuntos cuando concurran los supuestos del artículo 23.2 de la Ley 40/2015. En los casos en que se produzca un conflicto de interés no reconducible a las anteriores causas, lo pondrá en conocimiento de su superior jerárquico o, en su defecto, de la persona titular del órgano que lo nombró para que éstos decidan lo que proceda respecto de su posible inhibición.

1. En los mismos supuestos, los órganos a que se refiere el número anterior podrán, por propia iniciativa, sugerir a la persona con cargo público, que se inhiba de toda intervención en el expediente.

1. La inhibición de funciones deberá comunicarse a la Oficina de integridad para la debida constancia en los registros de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales, a que se refiere el artículo 18 de esta ley.

Dicha comunicación se realizará en el plazo máximo de diez días desde el momento en que se formalice la abstención o inhibición.

Artículo 14. Recusación e inhibición.

1. En los casos previstos en el artículo anterior, los interesados en el procedimiento administrativo podrán promover recusación o inhibición contra las personas con cargo público que sean competentes para su tramitación, instrucción o resolución.

1. La recusación o inhibición será resuelta por el superior jerárquico o, en su defecto, por la persona titular del órgano que los designó, quienes, a su vez, serán los competentes para comunicarla a la Oficina de integridad en el plazo de diez días desde el momento en que se formalice.

Artículo 15. Presentación y gestión de las declaraciones de actividades, bienes y rentas.

1. Los cargos públicos o asimilados deberán presentar declaración de actividades, bienes y rentas, en los plazos previstos en el artículo 20.2 de la Ley 11/2003.

Una vez recibidas las declaraciones, la Oficina de integridad las inscribirá en los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, acordando su publicación en el Diario Oficial y en el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha.

En relación con los bienes y derechos patrimoniales, la declaración comprensiva de su situación patrimonial omitirá aquellos datos referentes a su concreta localización, salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.

1. La presentación de las declaraciones se realizará por vía telemática en el modelo oficial aprobado por el Consejo de Gobierno, que contendrá la autorización para comprobar los datos de aquellas, en especial en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en las diversas entidades gestoras de la Seguridad Social.

1. Tras la presentación de cada declaración, la Oficina de integridad podrá comprobar los extremos que se reflejan en la misma.

1. La Oficina de integridad mantendrá una relación de cooperación continuada con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y cuantas otras entidades de similar carácter puedan existir a nivel estatal o autonómico, a efectos de realizar la oportuna comprobación de los datos fiscales y tributarios de las declaraciones presentadas y el posible inicio de los correspondientes procedimientos por las incoherencias o anomalías detectadas.

Artículo 16. Declaración responsable de incompatibilidad.

1. Los cargos públicos o asimilados deberán presentar tras su nombramiento, una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley 11/2003.

1. La declaración responsable deberá presentarse ante la Oficina de integridad, conforme al modelo facilitado por la misma, en un plazo máximo de diez días a contar desde su nombramiento. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado la declaración, se le requerirá para que cumpla tal obligación, con apercibimiento de las consecuencias derivadas del incumplimiento.

Si en la persona interesada concurriese, en el momento de su nombramiento, alguna causa de incompatibilidad, ésta deberá poner fin a la situación que la generase, en el plazo máximo de un mes a contar desde dicho nombramiento, haciéndolo constar en la declaración responsable en el mismo momento de su presentación.

En el supuesto de que la causa de incompatibilidad fuera el desempeño de un puesto directivo o la posesión de una participación en sociedades o empresas, superior a la permitida por la Ley 11/2003, el plazo para poner fin a dicha situación de incompatibilidad será de dos meses, contados desde el día siguiente a su nombramiento o a la firma del contrato. El mismo plazo de dos meses se aplicará si la participación se adquiriera por sucesión hereditaria u otro título gratuito durante el ejercicio del cargo, desde su adquisición de modo pleno, conforme a la legislación fiscal y mercantil.

1. El ejercicio de las actividades previstas en el artículo 19.4 de la Ley 11/2003 no requerirá autorización expresa de compatibilidad por parte de la Oficina de integridad, pero deberán ser comunicadas a ésta los supuestos previstos en las letras b), c) y d) del citado precepto.

Artículo 17. Comunicación de desempeño de actividad privada posterior al cese.

1. A los efectos de poder verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 11/2003, una vez hubiesen cesado en el desempeño de su actividad, los cargos públicos o asimilados comunicarán a la Oficina de integridad, con carácter previo a su inicio, las actividades laborales, económicas, profesionales o mercantiles de carácter privado que vayan a realizar, identificando la empresa o entidad para la que se vayan a prestar dichas actividades. Esta obligación se mantendrá durante los dos años siguientes a la fecha del cese.

1. En el plazo máximo de un mes desde dicha comunicación, la Oficina de integridad se pronunciará provisionalmente sobre la compatibilidad de la actividad a realizar, comunicándoselo al interesado, que podrá formular las alegaciones pertinentes antes de la emisión del informe definitivo que, en su caso, proceda.

1. Del informe definitivo, se dará traslado tanto a la persona interesada, como a la empresa o entidad en la que vaya a prestar sus servicios o actividades. Si el informe fuese desfavorable, se le apercibirá de la incoación de expediente sancionador en caso de incumplimiento, y a la empresa o entidad, de las consecuencias o limitaciones que, con arreglo a la normativa vigente en materia de contratos y subvenciones, se le pudieran ocasionar.

1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la comunicación descrita en el apartado 1 anterior, sin que la Oficina de integridad hubiese emitido el informe definitivo, el sentido de éste se entenderá favorable.

Artículo 18. Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.

1. Se crean los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos públicos o asimilados relacionados en el artículo 2.2 de la presente ley.

1. El registro de Actividades tendrá carácter público, y se regirá por lo que disponga la legislación de transparencia, en materia de protección de datos de carácter personal y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo.

1. El registro de Bienes y Derechos Patrimoniales tendrá carácter reservado y solo podrán tener acceso al mismo, además del propio interesado, los siguientes órganos:

a) Las Cortes de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo que establezca su reglamento, así como las comisiones parlamentarias de investigación que se constituyan.

b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obran en el registro, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales.

c) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el registro.

1. La gestión de los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales corresponde a la Oficina de integridad, y se realizará mediante un sistema informático que incorporará las correspondientes medidas de seguridad en el acceso y el uso de los datos que contienen, garantizando la inalterabilidad y permanencia de estos.

El personal que gestione el registro de Bienes y Derechos Patrimoniales, tiene el deber de mantener en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su puesto de trabajo, incluso después de haber cesado en el desempeño de estas funciones.

1. Los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales tienen por objeto, en los términos que reglamentariamente se determinen, la presentación, inscripción, el depósito y la custodia de, al menos, la siguiente documentación:

a) En el registro de Actividades:

1.º Las declaraciones de actividades presentadas por las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

2.º Las comunicaciones de abstención, inhibición y recusación.

3.º El curriculum vitae, a los meros efectos de publicidad activa recogidos en la Ley 4/2016 y normativa que la desarrolle, a cuyo régimen jurídico queda sometido.

4.º Las declaraciones responsables reguladas en el artículo 16 de la presente ley.

5.º La información sobre incompatibilidad laboral o profesional después del cese prevista en el artículo 17 de la presente ley.

b) En el registro de Bienes y Derechos Patrimoniales:

1.º La información relacionada con las declaraciones de bienes y rentas que están obligados a presentar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

2.º La información relacionada con los informes sobre verificación y comprobación de la situación patrimonial de las autoridades y cargos del sector público autonómico a la finalización del mandato.

Artículo 19. Sujetos responsables.

1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley por parte de los cargos públicos o asimilados, incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, conlleva la aplicación del régimen sancionador regulado en este título.

1. La exigencia de responsabilidades derivada de las infracciones tipificadas en esta ley como faltas muy graves, se extenderá a los responsables, incluso aunque haya desaparecido su relación o cesado en su actividad en los entes descritos en el artículo 2.1 de esta ley.

Artículo 20. Principios generales y régimen jurídico aplicable.

El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de esta ley se llevará a cabo conforme a los principios y con sujeción a las reglas de procedimiento previstas en la legislación básica estatal y, en su caso, en la legislación autonómica.

Artículo 21. Infracciones en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses.

1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones dolosas:

a) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades descrito en los apartados 1 y 2 del artículo 19 de la Ley 11/2003, cuando se produzca daño o quebranto para los intereses públicos.

b) El incumplimiento en la percepción de remuneraciones o dietas, de las limitaciones establecidas en el artículo 19.3 de la Ley 11/2003.

c) La realización de actividades privadas no permitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 11/2003.

d) La intervención o adopción de decisiones en asuntos en los que confluyen o colisionan intereses de su puesto público o en el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades, con intereses privados o personales, ya sean profesionales o económicos, que conlleven un beneficio o un perjuicio a los mismos.

1. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:

a) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades descrito en los apartados 1 y 2 del artículo 19 de la Ley 11/2003, cuando no se produzca daño o quebranto para los intereses públicos.

b) La falsedad u omisión consciente de los datos exigidos en la declaración responsable a la que se refiere el artículo 16 de esta ley.

c) El incumplimiento del plazo otorgado en el requerimiento para la presentación de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 16 de esta ley, cuando no se hubiese realizado voluntariamente el plazo previsto en el mismo.

1. Tendrán la consideración de infracciones leves, las siguientes acciones u omisiones:

a) La presentación fuera de plazo de la declaración responsable a la que se refiere el artículo 16 de esta ley, sin que se haya producido requerimiento para su cumplimiento.

b) El incumplimiento de los deberes o prohibiciones impuestas en los artículos 16 y 17 de la presente ley, que no tengan expresamente la calificación de graves o muy graves.

Artículo 22. Infracciones en materia de declaración de actividades, bienes y rentas.

Son infracciones en materia de declaración de actividades, bienes y rentas, con su respectiva calificación, las descritas en el artículo 21.1 de la Ley 11/2003.

Artículo 23. Infracciones en relación con la actividad de la Oficina de integridad.

1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las acciones u omisiones dolosas que supongan:

a) La obstaculización de las actuaciones de la Oficina de integridad, previamente comunicadas, en el ejercicio de las actividades de comprobación, verificación o control descritas en los artículos 8 y 9 de la presente ley.

b) El incumplimiento de las instrucciones, resoluciones o acuerdos de la Oficina de integridad dictadas en el ejercicio de las competencias y en cumplimiento de las funciones asignadas en esta ley, cuando hayan mediado dos requerimientos y se hayan incumplido éstos sin justificación alguna.

1. Tendrán la consideración de infracciones graves, las acciones u omisiones que supongan:

a) La falta de colaboración con las actuaciones de la Oficina de integridad en el ejercicio de las actividades de comprobación, verificación o control descritas en los artículos 8 y 9 de la presente ley, habiendo mediado requerimiento en tal sentido, sin que al mismo se haya opuesto objeción alguna.

b) El incumplimiento de las instrucciones, resoluciones o acuerdos de la Oficina de integridad dictadas en el ejercicio de las competencias y en cumplimiento de las funciones asignadas en esta ley, cuando hayan mediado dos requerimientos y se hayan incumplido éstos, incluso con justificación.

1. Tendrá la consideración de infracción leve el incumplimiento de los deberes impuestos en los artículos 8 y 9 de la presente ley en relación con la actividad de la Oficina de integridad, que no tenga expresamente la calificación de grave o muy grave.

Artículo 24. Sanciones.

1. Las infracciones descritas en los artículos anteriores, atendiendo a su calificación como leves, graves o muy graves, serán sancionadas de la siguiente manera:

a) Las leves con apercibimiento, que conllevará, en su caso, el requerimiento del cumplimiento de la obligación que proceda.

b) Las graves con la publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» del nombre de los infractores y la infracción cometida, con el obligado cumplimiento, en cada caso, de cesar en la actividad o conducta sancionada y, si procediera, llevar a efecto de manera correcta y veraz las declaraciones a que estuviera obligado.

c) Las muy graves con el cese inmediato, la devolución, en su caso, de lo indebidamente percibido, la inhabilitación para ocupar los cargos públicos o asimilados a que se refiere el artículo 2.2 de la presente ley, durante un período de cuatro años y la publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» del nombre de los infractores y la infracción cometida.

1. Lo dispuesto en este precepto se entiende sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades de carácter penal o administrativo, a que hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará el traslado a los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades, para que éstos valoren el ejercicio de otras posibles acciones que pudieran corresponder, así como, si procede, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si pudieran ser constitutivos de delito.

Artículo 25. Prescripción de las infracciones y sanciones.

1. Las infracciones y sanciones reguladas en la presente ley prescribirán conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015.

1. Una vez firmes y ejecutadas, las sanciones serán canceladas cuando transcurra un plazo idéntico al de su prescripción.

Artículo 26. Órgano competente.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta ley corresponde a la Oficina de integridad en lo que a la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores se refiere, y la resolución, con la excepción, en su caso, del supuesto contemplado en el apartado 2 de este artículo, a la persona titular de la consejería competente en materia de integridad o al Consejo de Gobierno cuando la misma afecte a uno de sus miembros, todo ello sin perjuicio de las facultades disciplinarias que, en el ámbito interno de la organización, pudieran tener otros órganos competentes.

1. Si la propuesta de sanción derivada de la aplicación del régimen sancionador previsto en esta ley llevase aparejada el cese e inhabilitación del cargo público o asimilado, la Oficina de integridad se limitará a dictar dicha propuesta de cese e inhabilitación, trasladando la decisión final al órgano que efectuó el correspondiente nombramiento.

Disposición adicional primera. Aplicación de la ley al personal eventual.

Al personal eventual del artículo 12 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, que preste sus servicios en la Administración regional, sus organismos autónomos, entidades públicas dependientes o cualesquiera otros entes u órganos del sector público de aquélla les será de aplicación el régimen de dedicación exclusiva y de incompatibilidades descritos en el artículo 3 y la obligación de presentar la declaración de actividades, bienes y rentas en los términos regulados en el artículo 5, de la presente ley, cuyo incumplimiento será sancionado conforme a los dispuesto en el título III de esta ley.

Disposición adicional segunda. Informe sobre la situación patrimonial tras la convocatoria de elecciones.

En el plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la votación en las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno deberán proporcionar información sobre su patrimonio, según el modelo de declaración que apruebe para esa finalidad el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Oficina de integridad.

La Oficina de integridad evaluará dicha información, debiendo elaborar un informe en el que reflejará la evolución del patrimonio desde el momento del nombramiento hasta la fecha de la declaración, así como la congruencia de dicha evolución con los ingresos percibidos y cualquier otra información que considere relevante. Dicho informe será publicado en el Portal de Transparencia en un plazo de veinte días naturales desde la presentación de la información a la que hace referencia el apartado anterior.

Las personas titulares de los órganos a los que hacen referencia los artículos 26 y 31 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, podrán igualmente solicitar la elaboración del informe a que se hace referencia en esta disposición, debiendo cumplimentar y presentar, en el plazo establecido, el modelo de declaración antes referido.

Disposición adicional tercera. Prestación por inactividad laboral.

1. Las personas que hayan sido miembros del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y las personas titulares de los órganos a los que hacen referencia los artículos 26 y 31 de la Ley 11/2003, cuando cesen en sus funciones no tendrán derecho a indemnización alguna.

1. Los miembros del Consejo de Gobierno cuando cesan en sus funciones y, por cualquier circunstancia, no reingresen en el puesto de trabajo que ocupaban antes de su nombramiento, tendrán derecho a una prestación por inactividad laboral en los términos previstos en el artículo 10, número cinco, norma primera de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981.

1. Las personas titulares de los órganos a los que hacen referencia los artículos 26 y 31 de la Ley 11/2003, cuando cesen en sus funciones y, por cualquier circunstancia ajena a su voluntad, no puedan reingresar en el puesto de trabajo que ocupaban antes de su nombramiento, tendrán derecho a una prestación por inactividad laboral en los siguientes términos:

a) La duración de la prestación se determinará aplicando la escala prevista en el apartado 1 del artículo 269 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

b) En el caso de que la persona hubiese desempeñado diferentes cargos, para el cálculo del tiempo de duración de la prestación, se sumará el tiempo desempeñado en cada uno de ellos.

c) La prestación se percibirá mensualmente y será igual a la doceava parte del 80 por 100 del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo en el momento del cese durante los primeros doce meses y del 60 por 100 de las citadas retribuciones durante los restantes meses.

1. La solicitud de la prestación a la que hacen referencia los apartados 2 y 3 anteriores deberá presentarse ante la Oficina de integridad dentro de los tres meses siguientes a la publicación del cese en el puesto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

1. En el supuesto de que algún alto cargo comunique a la Oficina de integridad el inicio de actividades laborales, económicas, profesionales o mercantiles de carácter privado, y aquella determine la existencia de incompatibilidad para la actividad solicitada, la persona afectada tendrá derecho a la prestación regulada en el apartado 3 anterior durante el tiempo que reste, desde el momento en que se produjo el cese, hasta completar los veinticuatro meses de incompatibilidad.

La solicitud de la prestación deberá realizarse a la Oficina de integridad, en un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la recepción de la comunicación del informe definitivo de incompatibilidad al que hace referencia el apartado 3 del artículo 17.

1. A los efectos de cotización por las prestaciones reguladas en los apartados 2, 3 y 5 anteriores, la Administración regional suscribirá el oportuno convenio con la Seguridad Social.

1. A la percepción de las prestaciones reguladas en los apartados 2, 3 y 5 anteriores se les aplicará el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo previsto en la misma y, expresamente:

1. La Ley 6/1994, de 22 de diciembre, de publicidad en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de los bienes, rentas y actividades de los gestores públicos de Castilla-La Mancha.

1. De la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, los siguientes preceptos y disposiciones: el artículo 36, el apartado e) del artículo 10.2, el apartado b) del artículo 49.1, el apartado b) del artículo 49.2, el apartado b) del artículo 49.3, el apartado f) del artículo 63.2 y la disposición adicional séptima.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 61 queda redactado del siguiente modo:

«1. Se crea el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha como órgano colegiado adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha, con plena capacidad, autonomía e independencia, para garantizar los derechos de acceso a la información pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar y promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno en el ámbito de aplicación de esta ley o de aquellas otras que le puedan atribuir competencias. Asimismo, al Consejo Regional le corresponde la creación, gestión y control de aquellos registros que se le encomienden y sean necesarios para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones en materia de transparencia y buen gobierno.»

Dos. Se adiciona un apartado h) al artículo 63.1 con la siguiente redacción:

«h) Ejercer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las funciones que la Ley 2/2023, de 20 de febrero, atribuye en su artículo 43 a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.»

Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

El segundo párrafo del artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, queda redactado del siguiente modo:

«Entre las circunstancias que deberán acreditar los beneficiarios de las subvenciones, o entidades colaboradoras, otorgadas por los órganos comprendidos en el ámbito subjetivo de aplicación señalado en el artículo 70 de esta ley estarán las de no estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, la de no ser receptoras, acreditándolo con declaración responsable, de la prestación de servicios o actividades por parte de personas que, habiendo desempeñado cargos públicos o asimilados en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha así como en los organismos y entidades de su sector público, incumplieran lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, durante el plazo de dos años desde el cese y las de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con la Administración regional, en la forma que se determine reglamentariamente.»

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario de la ley.

Se faculta al Consejo de Gobierno y al titular de la consejería competente en materia de integridad pública, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones reglamentarias y adoptar los acuerdos que resulten precisos para el desarrollo y la efectiva ejecución e implantación de la presente ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Toledo, 19 de julio de 2024.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.