Ley 27/1991, de 13 de diciembre, de transferencias de competencias de las Diputaciones Provinciales a la Generalidad de Cataluña en materia agraria y forestal.

Artículo 1.

La Generalidad de Cataluña asume, en virtud de la presente Ley, las competencias ejercidas por las Diputaciones Provinciales en materia de agricultura, ganadería, montes, ferias y mercados agrarios, caminos vecinales y capacitación y formación profesional agraria.

Artículo 2.

1. La Comisión Mixta a que se refiere el artículo 5.° de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del Régimen Provisional de las Competencias de las Diputaciones Provinciales, adoptará los acuerdos relativos al traspaso de medios económicos, materiales y personales afectos a las competencias transferidas a que se refiere la presente Ley.

1. Las funciones y servicios relativos a las competencias traspasadas, así como los correspondientes recursos, serán asignados al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, el cual deberá redistribuirlos entre los servicios territoriales y las oficinas comarcales, de forma que la nueva organización no implique concentración territorial superior a la actual.

Disposición adicional.

El Gobierno de la Generalidad podrá atribuir o delegar a las comarcas competencias que corresponden a la Generalidad en las materias a que se refiere la presente Ley.

Disposición final primera.

La Generalidad asume con carácter definitivo las competencias inherentes a los servicios cuya gestión fue transferida al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, en virtud del Convenio entre la Generalidad, y la Diputación de Tarragona firmado el 31 de enero de 1986, relativo al Servicio Agropecuario, y del Convenio entre la Generalidad y la Diputación de Girona firmado el 18 de abril de 1980, relativo a la granja Camps i Armet.

Disposición final segunda.

La Generalidad asume las competencias que hasta la entrada en vigor de la presente Ley eran ejercidas por la Sociedad «Servicios de Mejora y Expansión Ganadera» (SEMEGA).

Disposición final tercera.

Se faculta al Gobierno y al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca para que dicten las disposiciones precisas para el desarrollo de la presente Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de diciembre de 1991.‒Joan Vallve i Ribera, Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.‒Jordi Pujol, Presidente.