Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 1. Modificación del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

El Decreto 21/2020, de 17 de febrero, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Los apartados 3, 4, 6 y 11 del artículo 2 quedan redactados de la siguiente forma:

«3. En ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Asimismo, no podrá exigirse la formulación de declaraciones que puedan afectar a las creencias o convicciones de las personas solicitantes.

1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todo el alumnado sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso los centros públicos o privados concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias del alumnado. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares y los servicios escolares que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos.

1. La matriculación de un alumno o alumna en un centro público o privado concertado supondrá respetar su Plan de Centro y, en su caso, su carácter propio, sin perjuicio de los derechos reconocidos al alumnado y a sus familias en las leyes y lo recogido en el apartado 3 de este artículo.

1. De acuerdo con el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, a que se refiere el artículo 73 de dicha Ley Orgánica y el artículo 113.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en los centros docentes específicos de educación especial y en los centros docentes de educación secundaria, cursando la enseñanza básica en la modalidad de aula específica de educación especial, podrá extenderse hasta los veintiún años. A tales efectos se entenderá que el último año académico en el que podrá permanecer escolarizado este alumnado es aquél en el que cumple dicha edad.»

Dos. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4 quedan redactados de la siguiente forma:

«2. A tales efectos, la Consejería competente en materia de educación programará la oferta educativa de las enseñanzas a las que se refiere este Decreto, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos, la participación efectiva de todos los sectores afectados y, como garantía de la calidad y equidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, la Administración educativa garantizará la existencia de suficientes plazas del Sistema Educativo Público de Andalucía, especialmente en las zonas de nueva población.

Artículo 2. Modificación de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

La Orden de 20 de febrero de 2020 se modifica en los siguientes términos:

Uno. El párrafo f) del apartado 1 del artículo 5 queda redactada de la siguiente forma:

«f) Los recursos autorizados para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales a que se refiere el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 113.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 15 bis que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 15 bis. Acreditación de nacimiento de parto múltiple.

1. A efectos de acreditación de la circunstancia de haber nacido de parto múltiple, la Consejería competente en materia de educación recabará la información necesaria de los registros administrativos correspondientes, salvo que la persona solicitante se oponga a ello, en cuyo caso deberá aportarse la documentación a que se refiere el apartado 2.

1. En caso de que no se pueda obtener la información referida en el apartado anterior, la persona solicitante deberá aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección del centro docente público o de la persona representante de la titularidad del centro docente privado concertado, una copia autenticada del libro de familia que incluirá todas las páginas escritas, pudiendo sustituirse las páginas no escritas por una diligencia en la última página escrita en la que el funcionario o la funcionaria que la autentique deje constancia de qué páginas están en blanco.

1. En los centros privados concertados, la aportación de la copia autenticada podrá sustituirse por una fotocopia en la que la persona representante de la titularidad del centro docente estampará la leyenda «Es copia fiel de su original», junto con su firma, fecha y sello del centro.

1. En el caso de que la circunstancia de haber nacido de parto múltiple no tenga reflejo en el libro de familia, podrá presentarse cualquier documento oficial acreditativo de la misma.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 4bis al artículo 17 con la siguiente redacción:

«4bis. A efectos de acreditar la situación de discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la unidad familiar, a que se refiere el artículo 20.4 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, se estará a lo dispuesto en el artículo 12, estimándose la solicitud siempre que la discapacidad haya sobrevenido con posterioridad al inicio del curso escolar en que se presenta la misma.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la siguiente forma:

«1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 32.5 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el padre, madre, tutor o guardador legal del alumno o alumna menor de edad o el alumnado mayor de edad declarará en la solicitud de admisión que presenta necesidades educativas especiales, en los términos previstos en el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 113.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, o altas capacidades intelectuales y que ha sido emitido el correspondiente dictamen de escolarización.»

Artículo 3. Realización de estudios o cribados.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), los Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto impacto emitirán un informe preceptivo y vinculante sobre la adecuación y conformidad de la realización de estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) poblacionales o comunitarios dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el SARS-CoV-2 (COVID-19) en todos aquellos supuestos en que la realización de los mismos se haga a instancias de las entidades locales o privadas. Para ello, se habrá de tener en cuenta lo dispuesto en la Estrategia para la adopción de medidas de control y prevención en municipios o territorios con alto impacto en COVID-19 en Andalucía, elaborada en virtud de las competencias atribuidas a la Dirección general de salud Pública y Ordenación sanitaria en el artículo 44 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y del Decreto 66/1996, de 13 febrero, que regula el Sistema de vigilancia epidemiológica.

Artículo 4. Información y documentación en los estudios o cribados.

A efectos de la emisión por el Comité Territorial del informe preceptivo y vinculante establecido en el artículo 3, los promotores, públicos o privados de los estudios o cribados deberán remitir a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, con al menos 5 días antes de la fecha prevista para su inicio, la siguiente información y documentación.

1. Identificación de la entidad que promueve la intervención y estudio.

1. Informe de motivación, causa y justificación de la intervención elaborado por profesional sanitario competente en vigilancia epidemiológica.

1. Criterios de selección de la población diana, ya sea por el ámbito territorial al que pertenece, la naturaleza del vínculo entre las personas o criterios clínicos-biológico-epidemiológico que sustenten la intervención.

1. Fecha de inicio y finalización de la intervención.

1. Protocolo de actuación o estudio, en el que se incluyan los procedimientos a seguir ante un caso confirmado por una prueba de diagnóstico de infección activa, conforme a lo criterios e instrucciones emitidas por las Autoridades Sanitarias de Salud Pública.

1. Lugar, personal profesional que las realizará y medidas preventivas adoptadas, incluidas las referidas a residuos generados.

1. Previsión de las pruebas complementarias y acciones que se precisen a la luz de los resultados esperados y obtenidos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, aprobada en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial y presentado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

1. Los requerimientos sobre consentimiento informado.

1. El compromiso de entrega de un informe final con listado de los resultados obtenidos, así como posibles incidencias, a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica a través de los Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de cada provincia en un plazo no superior a 24 horas a la finalización del mismo.

Artículo 5. Intervención del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, una vez comprobada la documentación e información aportada, dará traslado de la misma al Comité Territorial que corresponda para que se emita el informe en un plazo no superior a 48 horas.

Disposición adicional única. Medidas de reactivación del sector cultural.

1. Las disposiciones finales novena, décima, undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, continuarán vigentes hasta la completa ejecución de las convocatorias que se efectúen en el ejercicio 2021.

1. Se mantiene la vigencia para el ejercicio 2021 de las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en la Sección 2.ª del Capítulo V del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, con las siguientes especialidades:

a) La convocatoria deberá publicarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del presente decreto-ley.

b) Para su financiación se destinan un total de 500.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 1800010000 G/45B/76002, que corresponden al presupuesto corriente de 2021.

c) Con carácter general, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

d) El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) De conformidad con lo previsto en el artículo 124.4 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto legislativo 1/2020, de 2 de marzo, estas subvenciones se abonarán al 100% de su importe.

Disposición transitoria única. Gestión de los gastos del programa presupuestario 1.2.D Estrategia Digital y Gobierno Abierto.

En tanto los estatutos de la Agencia Digital de Andalucía no estén aprobados y, por tanto, entre en funcionamiento dicha Agencia, la competencia sobre gestión de los gastos del programa presupuestario 1.2.D Estrategia Digital y Gobierno Abierto que reside en la sección presupuestaria de la Agencia Digital de Andalucía corresponderá a la persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Disposición final primera. Modificación del Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

Se añade una nueva disposición adicional única con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Convocatoria de subvenciones para las empresas productoras de acuicultura que hayan sufrido una disminución de ingresos por ventas en el período desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2020.

1. Si como resultado de la resolución de la convocatoria indicada en el artículo 10 del presente decreto-ley resultase sobrante de crédito, se podrá realizar una nueva convocatoria de subvenciones para 2021 a la que resultarán de aplicación las bases reguladoras establecidas en el Capítulo II de este Decreto Ley a excepción de lo previsto en su artículo 7.1.e).

1. Las personas o entidades solicitantes de estas subvenciones para 2021 deberán cumplir con el requisito de haber sufrido una disminución de ingresos por ventas en el período desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2020 de al menos un 20% de la media de ingresos por ventas del mismo período de referencia, en los tres años anteriores al 2020, o al año anterior si se trata de una empresa con menos de tres años de actividad.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Se modifica el apartado a) del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«a) Consumidores y usuarios: las personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que gocen de esa condición de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias.

Las referencias efectuadas en esta ley a los consumidores se entenderán hechas a las personas consumidoras y usuarias.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

La Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, queda modificada como sigue:

Uno. La letra a) del artículo 4 queda redactada del siguiente modo:

«a) Persona consumidora y usuaria: toda persona física, jurídica y entidad sin personalidad jurídica, en los términos del artículo 3 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, que contrate o se proponga contratar un préstamo hipotecario sobre una vivienda, considerando como tal cualquier inmueble de uso residencial.»

Dos. El apartado 5 del artículo 15 queda redactado del siguiente modo:

«5. En el contrato deberán reflejarse de manera destacada las cláusulas sobre la amortización, los intereses, los intereses de demora, las condiciones de subrogación, las cláusulas suelo e instrumentos de cobertura riesgo de interés.»

Tres. El apartado 2 de la disposición adicional tercera queda redactado del siguiente modo:

«2. Las personas prestatarias y garantes que tengan la condición de consumidoras y usuarias tienen derecho a ser informadas, conforme al artículo 17.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, y al artículo 17.1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de toda transmisión, cesión, ejecución de garantía, emisión de participaciones hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, y cualquier otro acto o negocio jurídico, voluntario o no, susceptible de alterar total o parcialmente la titularidad del contrato de préstamo hipotecario suscrito o garantizado por aquéllas, o del derecho de crédito derivado del mismo.

Lo dispuesto en este apartado y en el anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242 del Reglamento Hipotecario.»

Disposición final cuarta. Modificación de normas reglamentarias.

Se mantiene el rango de las disposiciones reglamentarias modificadas por este decreto-ley. Las determinaciones incluidas en dichas disposiciones podrán ser modificadas y derogadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran, sin perjuicio de las habilitaciones específicas que en las mismas se contemplan.

Disposición final quinta. Desarrollo y ejecución.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de presidencia para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de pesca para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de salud para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de consumo para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de cultura para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

Disposición final sexta. Entrada en vigor y vigencia.

1. El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1. Aquellas medidas previstas en este decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

1. Las previsiones contenidas en el Capítulo I del presente decreto-ley ajustarán su vigencia a las de las propias disposiciones reglamentarias que se modifican.

1. Las previsiones contenidas en el Capítulo II del presente decreto-ley mantendrán su vigencia hasta la finalización de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

1. La modificación que se efectúa en el presente decreto-ley de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía por la disposición final segunda y de la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda por la disposición final tercera, ajustarán su vigencia a la de las citadas leyes.

Sevilla, 2 de febrero de 2021.‒Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo Benasayag.‒Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.